LAREDO, TX. — El lunes 23 de marzo de 2026, el Condado de Zapata dio un paso clave en la frontera sur de Texas al aprobar por unanimidad una resolución para investigar los posibles impactos del proyecto federal que contempla la construcción de muro fronterizo y la instalación de un sistema de boyas en el Río Grande.
La Corte de Comisionados autorizó al juez del condado, Joe Rathmell, a contratar expertos que evalúen los riesgos del proyecto, ante preocupaciones relacionadas con la salud, seguridad y bienestar de los residentes, así como la protección de infraestructura crítica.
El acuerdo fue respaldado por los comisionados David R. Moya, Pedro Morales, José A. Solís y Roberto C. Garza, quienes coincidieron en la necesidad de actuar con rapidez ante los hallazgos de un informe técnico presentado el 10 de marzo por el especialista en geomorfología fluvial, Dr. Mark Tompkins.
De acuerdo con ese reporte, el plan federal podría provocar inundaciones catastróficas y daños significativos a propiedades ubicadas a lo largo del Río Grande, especialmente en zonas como San Ygnacio.
“Está claro que este proyecto podría poner en peligro a nuestro condado. Es imperativo avanzar con estudios formales para entender las amenazas en detalle”, declaró el juez Rathmell tras la reunión.
La resolución también establece que el condado deberá presentar, en un plazo de 45 días, una postura oficial ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respecto al proyecto.
Durante la sesión, autoridades locales señalaron que el plan federal, cuyos detalles no han sido completamente compartidos con el gobierno local, podría contradecir el Plan de Visión del Condado de Zapata establecido en 2008. Además, advirtieron que existen compromisos legales relacionados con la conservación de un santuario de aves en la zona.
La residente Elsa Hull, propietaria de un terreno a orillas del Río Grande en San Ygnacio, agradeció la decisión de los comisionados y alertó sobre los riesgos reales que podría representar el proyecto.
“Estoy muy agradecida de que nuestros líderes se preocupen lo suficiente como para ordenar un estudio que determine el impacto de inundaciones. Necesitamos saber cómo protegernos cuando el río vuelva a crecer”, expresó.
Hull recordó que durante la inundación de 2010, el nivel del río superó los 12 metros, acercándose peligrosamente a su vivienda, incluso sin la existencia de estructuras como muros o boyas.
Asimismo, criticó la falta de transparencia del gobierno federal al no proporcionar información completa sobre contratos, empresas involucradas ni planes de construcción.
Durante la reunión, también participó Martin Castro, director de ciencia de cuencas del Rio Grande International Study Center, quien presentó un análisis técnico basado en el informe de Tompkins, reforzando las preocupaciones sobre los posibles impactos ambientales e hidrológicos.
El caso de Zapata podría marcar un precedente en la región, ya que residentes han comenzado a pedir que otros condados del sur de Texas tomen medidas similares ante un proyecto que podría tener efectos acumulativos a lo largo del Río Grande.
