LAREDO, TX.— El congresista Henry Cuellar realizó una visita al centro de detención familiar en Dilley, Texas, donde señaló preocupaciones por los altos costos operativos y la falta de jueces migratorios presenciales, lo que podría estar retrasando los procesos legales de los migrantes.
Durante su recorrido por las instalaciones, Cuéllar explicó que el centro, operado mediante un acuerdo con la empresa privada CoreCivic, tiene capacidad para albergar hasta 2,400 personas diarias, aunque actualmente opera por debajo de su capacidad. A pesar de ello, el gobierno federal mantiene un gasto fijo mensual aproximado de 15.3 millones de dólares, independientemente del número de personas detenidas.
El legislador detalló que, debido a la baja ocupación, el costo por persona puede elevarse significativamente, alcanzando cerca de 1,000 dólares diarios, en contraste con un estimado de poco más de 100 dólares cuando el centro opera a plena capacidad. Este esquema de pago fijo, indicó, debería ser renegociado para optimizar recursos federales.
En materia operativa, Cuéllar destacó como una de las principales deficiencias la ausencia de jueces migratorios en sitio. Aunque el centro cuenta con infraestructura para al menos cuatro salas judiciales, las audiencias se realizan de manera remota mediante videoconferencias desde otras ciudades como San Antonio, Nueva York o Miami.
“El proceso sería más eficiente si los jueces estuvieran aquí en persona”, señaló el congresista, al subrayar que la falta de personal judicial presencial podría estar afectando la rapidez en la resolución de casos migratorios.
El centro de Dilley fue inaugurado en 2014 durante la administración del presidente Barack Obama, posteriormente cerrado en 2021 bajo el mandato de Joe Biden, y reabierto en 2025 durante la actual administración del presidente Donald Trump.
Durante la visita, el congresista también revisó áreas médicas, alimentación y condiciones generales de los migrantes, incluyendo familias y menores. Aunque calificó los servicios como aceptables, indicó que se dará seguimiento a la atención pediátrica y de salud en el lugar.
Finalmente, Cuéllar reiteró que, si bien los agentes cumplen con su labor, los cambios necesarios deben enfocarse en políticas federales, especialmente en materia de financiamiento, supervisión y acceso a justicia migratoria.
